Nada hay mejor para entender una cuestión, que tener cierta perspectiva histórica de ella. Y viene al caso esta afirmación, para comprender desapasionadamente un problema que hoy está en el candelero mediático y parece que es nuevo, cuando en realidad es tan viejo como la existencia del motivo que lo genera: La cementera cordobesa y su rechazo ciudadano.
Desde la perspectiva de historiador que ha estudiado la trayectoria del movimiento ciudadano frente a las agresiones medioambientales de esta industria y la ha soportado pacientemente, deseo hacer una breve exposición sobre cuáles han sido las pautas de comportamiento seguidas por los agentes sociales que ha protagonizado esta historia.
Vaya por delante, algunas premisas documentalmente constatadas: En primer lugar, no es válido el argumento de que la factoría estaba ahí antes que los vecinos, porque no es cierto, pero es que, aunque así fuera, éste es hoy insostenible; en segundo lugar, que estas protestas han sido protagonizadas no solo por los vecinos, individual o colectivamente representados, sino también de los empresarios del Polígono de Chinales que se han visto grave y continuamente perjudicados por las emisiones y escapes de la cementera; en tercero, que las movilizaciones ciudadanas han sido continuas en el tiempo pero que se manifestaban de manera más enérgica cuando se han producido escapes o incidentes más allá de lo que estaban habitualmente acostumbrados, lo que ha sido relativamente frecuente, o cuando, como en los momentos actuales, se pretende cambiar la actividad de la cementera convirtiéndola en una incineradora de residuos encubierta; y, finalmente, que el control que han ejercido las Instituciones sobre la fábrica ha sido siempre irrisorio.
Ante las protestas ciudadanas, la Empresa siempre ha negado la mayor aseverando que la fábrica es segura, que no se había producido incidente alguno y que la contaminación de la cementera en nada perjudica la salud de los vecinos; si el incidente era tan escandalosamente evidente, lo minimizaban al extremo y argumentaba que era un hecho puntual y excepcional o buscaba una cabeza de turco cargando la responsabilidad en la actuación negligente de algún empleado que pasaba por allí o a un imprevisible y fortuito fallo técnico de la instalación.
Si, ante el hartazgo de la polución, las criticas ciudadana arreciaban, inmediatamente aparecían por las sedes de las asociaciones de vecinos los representantes sindicales para presionar a sus juntas directiva, o en la prensa, con el chantaje moral de que las protestas vecinales ponían en peligro los puestos de trabajo y objetando que ellos mismos eran la garantía de la seguridad e inocuidad de la fábrica. Ante el temor a que se produjeran despidos, los vecinos solidariamente, se resignaban y silenciaban sus críticas. Esto se ha repetido históricamente, una y otra vez, y ese es el guión que se sigue actualmente: ¡es el chantaje emocional!
Por otra parte, las Autoridades siempre han mirado para otra partes, por no decir que han sido conniventes, hasta el extremo de permitir que la construcción de la nueva fábrica de cemento que se inauguró en 1966, se hiciese sin tener licencia municipal e incumpliendo el Reglamento de Actividades Molestas Insalubres y Peligrosas (ley de aplicación estatal y en vigor) que determinaba que las nuevas cementeras debían de construirse a más del 2000 metros del núcleo urbano, o que en el 2007 se le diese el certificado de idoneidad de planeamiento urbanístico con el que la fábrica ha conseguido la Autorización Ambiental Integrada, en contra de la ley que regula la ubicación de este tipo de instalaciones.
¡La historia demuestra que las denuncias que han realizado los vecinos de que la fábrica contaminaba y el riego que esto tenía para la salud eran y son ciertas (a pesar de las negaciones de los dirigentes políticos, empresariales y sindicales), como es cierto que si se ha producido mejoras medioambientales en la fábrica cordobesa han sido debida no a la buena voluntad de los dueños, no a la acción de las autoridades locales, sino fundamentalmente a la legislación europea y a la presión vecinal; como también se puede históricamente demostrar que nunca un despido en esta fábrica ha sido motivado por protestas vecinales sino a causas de disminución de rentabilidad y la ansia y ambición de beneficio de los accionistas de la Sociedad!
Esta aseveración la voy a ejemplarizar en dos momentos recientes: uno, tras los fastos del 92 vino la crisis del sector cementero lo que provocó la decisión de Asland en 1993 de reducir su plantilla en un 20% (el Grupo, a nivel general, lo integraban 2.300 trabajadores); y dos, la actual crisis del ladrillo, que, como no podía ser de otra forma, ha afectado a la industria del cemento y ello ha provocado el cierres de diversas cementera en España o despidos de trabajadores: en la fábrica cordobesa en el 2013 se hizo un ERE que redujo un tercio su plantilla, es decir, quedaron sólo 50 empleados.
Así pues, es absolutamente falso el que las reivindicaciones de los vecinos hayan tenido incidencia alguna sobre el empleo en la cementera, siempre ha sido la política empresarial de sus gestores y propietarios los causantes de ello. No es la oposición de los ciudadanos a la incineración que la multinacional brasileña Votorantim pretende realizar para obtener más beneficios a costa del trabajo y la salud de sus empleados, vecinos y del medioambiente, la que provocará despidos, sino la avidez de riqueza de los accionistas de la Sociedad que siempre pretenden mantener los ingentes beneficios de las épocas doradas en los momentos de crisis reduciendo los costos al precio que sea: ¡Y esto hay que dejarlo bien claro, pues esa es la coartada! Los vecinos siempre han sido solidarios con los trabajadores aún a costa y riesgo de la propia salud.
Finalmente no me resisto a señalar que, primero fue Barcelona, después Londres, luego vino Zúrich, Paris, Lisboa y, finalmente, de Sao Paulo, las ciudades desde las que se tomaban las decisiones sobre la cementera cordobesa; los centros de decisión política y económica locales o han sido meros espectadores o comparsas de los intereses de las diversas multinacionales propietarias que han pasado por la fábrica o, simplemente, han sido ninguneados.
Jesús Padilla González
Historiador