Desde que se conoció el informe de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el lobby cementero cordobés ha reemprendido su furibunda campaña mediática de manipulación y tergiversación, cuando no de amenaza, contra lo que es tan claro como evidente y que hasta ahora negaban rotundamente: ¡Que es el Ayuntamiento el que tiene las plenas competencia sobre la ordenación del territorio de la ciudad!
Y lo tiene, por encima de un pretendido derecho histórico, otorgado que no consolidado, hace más de un década con nocturnidad y alevosía; pues el proyecto de incineración de residuos que tan fervientemente enarbolan, salió a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia –sin más publicidad como la ley aconseja a proyectos de impacto social− “casualmente” un 30 de diciembre del 2005 (en plenas vacaciones de Navidad y Año Nuevo) y basado en un certificado de conformidad con el planteamiento urbanístico, hoy por todos, incluso por el propia Gerencia Municipal de Urbanismo que lo otorgó, totalmente cuestionado y superado por las nuevas circunstancias, políticas, sociales y urbanísticas.
Un pretendido derecho (que solo es un condicionante y no una licencia) que dormía el sueño de los justos y al que en el 2007 Cosmos públicamente manifestó que renunciaba; pero que, cuando el Ayuntamiento inició el proceso de la innovación del PGOU con la finalidad de impedir que dentro del casco urbano se pudiera incinerar residuos y ya aprobada la suspensión de licencias (que no tenían), reactivaron después de una década encerrado en los cajones, exigiendo unos pretendidos derechos particulares, que contrastan claramente con el interés general de la ciudad.
Parece que olvidan el informe que emitió de manera preceptiva y obligatoria la Dirección General de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de 23 de enero de 2018 que manifiesta lo que desde un principio defendió Córdoba Aire Limpio, y firmaron todas las formaciones políticas –incluyendo el PP y Ciudadanos− en mayo del 2015 en el Pacto por un Aire Limpio: que el actual PGOU incluye la actividad de la incineración de residuos en el grupo Industrial IV y que, por lo tanto, no se puede realizar dentro del casco urbano.
Pues bien, siendo partidarios de la eliminación de todo posible sesgo de inseguridad jurídica (sobre todo de inseguridad jurídica para los cordobeses que desde hace décadas están soportando perjuicios en su salud y en sus hogares y se les pretende agravar con la incineración) manifestamos que, ni para tomar impulso se ha de dar un paso atrás y que el Ayuntamiento debe seguir adelante con el compromiso adquirido y con la decisión tomada de impedir dentro de la ciudad la incineración de residuos: neumáticos, lodos de depuradoras, plásticos agrícolas, basuras, etc.
Vocifera el representante de Ciudadanos, José Luis Vilches que quién va a reparar los “daños” que está sufriendo la cementera Cosmos: ¡Pero qué daños…! ¡Si no ha dejado de producir e, incluso están incinerando residuos sin licencia municipal…! ¿Olvida éste prócer de la política local los perjuicios que ha causado la cementera durante décadas a la salud y a los bienes de los habitantes de los barrios de su entorno…? ¿Quién va a reparar estos daños, Sr. Vilches…?
Exige el PP, por boca del insigne Salvador Fuentes, que se acabe el “cachondeo”, y lo afirman los que han cometido la felonía democrática de romper el Pacto por un Aire Limpio que firmaron antes de las Elecciones Municipales; ellos que, en el 2007, alentaban a los vecinos a oponerse a la incineración de residuos, contra el gobierno de Rosa Aguilar y la Junta de Andalucía: ¡Cachondeo es el que practican los que alientan a una multinacional a trasgredir el ordenamiento jurídico y ordenancista de la Administración municipal que ellos, como representantes democráticos, deberían, por vergüenza y responsabilidad, ser garantes de su cumplimiento.
La plataforma Córdoba Aire Limpio está convencida que la mejor manera de preservar el empleo y dar una vida útil a la cementera no es que se le permita incinerar residuos, sino hacer que esta industria química pesada, peligrosa y contaminante, −cuyo establecimiento en el centro de la ciudad es un arcaísmo, un anacronismo y urbanísticamente no tiene futuro−, se traslade a un polígono industrial alejado de la ciudad como lo exige la ley y hacerlo de manera pactada y en un tiempo prudencial.
Sí, porque defendemos la actividad industrial de la cementera y queremos que la fábrica dure cien años más, afirmamos que debe planificarse ya, desde ahora, sin ambages, su traslado: ¡Enrocarse en una postura tan deslegitimada como hace la cementera no tiene sentido, es más inteligente trabajar buscando el consenso con la sociedad y con las instituciones cordobesas, las cuales, no nos cabe la menor duda, darían todo tipo de facilidades!
La plataforma Córdoba Aire Limpio está convencida que la preservación de la salud y del medio ambiente de la ciudad está en que se impida la incineración de residuos en el casco urbano, por ello ni para tomar impulso daremos, ni aconsejaremos que se dé un paso atrás.